CONVOCAMOS A REPUDIAR EL JUICIO TRUCHO CONTRA LOS MILITANTES REVOLUCIONARIOS

CONVOCAMOS A REPUDIAR EL JUICIO TRUCHO CONTRA LOS MILITANTES REVOLUCIONARIOS

CONVOCAMOS A REPUDIAR EL JUICIO TRUCHO CONTRA LOS MILITANTES REVOLUCIONARIOS PARAGUAYOS

FUENTE: gremialdeabogados.org/?p=2650

Carmen Villalba, Alcides Oviedo y Aldo Meza, militantes en aquel entonces del movimiento Patria Libre, del Paraguay, fueron detenidos en julio del 2004. Los tres estaban prófugos/en rebeldía. Inmediatamente, la policía eleva a la fiscalía el correspondiente informe del enfrentamiento. Esta, lógicamente, informa al juzgado correspondiente y se inicia, como es obligatorio en estos casos, una causa; en este caso, por Resistencia.

El CP paraguayo (art. 296) pone bajo esa figura a todo el que… “mediante fuerza… resistiera o agrediera físicamente a un funcionario… [que] estuviere actuando en ejercicio de sus funciones…”. Incluye, en el inc. 2° de dicho artículo, “cuando el autor u otro participante realizara el hecho portando armas u ocasionara a la víctima lesiones graves o la pusiera en peligro de muerte”; esto último agrava la amenaza de pena privativa de libertad, permitiendo elevarla “hasta cinco años”.

A partir de la detención se verifica una causante de nulidad absoluta del proceso, ya que, contrariando el art. 12.5 de la Constitución del Paraguay, no se los puso “a disposición del magistrado judicial competente” para estos hechos dentro del plazo de 24 horas que ese artículo establece.

La causa, sin embargo, es iniciada, fechada y caratulada en ese 2004 y, además es bueno recordar que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el procedimiento siempre se considera iniciado con la aprehensión.

Como la legislación penal del Paraguay no permite la acumulación de penas, tres años después la fiscal interviniente planteó cerrar la causa dado que la pena máxima prevista por Resistencia iba a quedar, en cualquier caso, cumplida dentro de las otras penas mayores que debían cumplir los tres imputados por delitos previos.

Es importante mencionar que este dictamen fiscal fue rescatado gracias al invaluable trabajo de las defensoras de Carmen ya que, en 2018, al comenzar la actual embestida de la fiscalía, fue eliminado, junto a casi todos los antecedentes, de la carpeta fiscal.

También fue eliminado otro dictamen de otra fiscal, en 2018, entendiendo que correspondía resolver la prescripción de la causa.

Y, por supuesto, el expediente del proceso judicial que se inició, del cual sólo se conoce lo que refleja la carpeta fiscal, está desaparecido.

Ante este último dictamen, la fiscal general, Sandra Quiñones, reasigna el caso. El nuevo fiscal cambia la calificación por homicidio en grado de tentativa (recordemos que los hechos corresponden exactamente con los calificados de Resistencia) y toma las indagatorias; el juez ahora interviniente procesa y dicta las preventivas.

Para que haya intento de homicidio tiene que existir la voluntad de intentar matar y las acciones tienen que encaminarse de acuerdo a esa voluntad. La razón de que exista el delito de resistencia es justamente porque la voluntad es de resistir y/o evadir la acción de los funcionarios, policiales en este caso, por la fuerza y, cuando para eso se usan armas y se produce peligro de muerte, la pena prevista aumenta.

Los detenidos no fueron acusados de pretender matar a nadie. Los hechos fueron que quienes pretendían fugarse usaron armas y, eventualmente, pusieron en peligro las vidas de los funcionarios. Y así fue como durante 14 años fueron encuadrados estos hechos. Hasta que, luego de una carrera profesional basada en perseguir luchadores populares, organizaciones campesinas y pueblo humilde en general, Sandra Quiñones fue nombrada Fiscal General del Paraguay por sus padrinos políticos.

El tiempo máximo de un proceso, de todo proceso penal, en Paraguay es de 4 años hasta la sentencia, más uno para las apelaciones: 5 años. Ante ello, la defensa plantea la extinción del proceso.

Pero, además, el Código Penal dice que la extinción del proceso causa la prescripción de la acción (o de los hechos, en sus palabras). La defensa plantea la prescripción.

La fiscalía (recordemos que legalmente el proceso debía comenzar y comenzó en 2004, sin dejar ningún tipo de duda) dice que la causa comenzó en 2018, cuando pidieron al juez el procesamiento. Que todo lo anterior son actividades “administrativas”, no judiciales. Y que la prescripción del homicidio en grado de tentativa es a los 15 años y ellos comenzaron el proceso a los 14 y medio.

La jueza que decidió si se elevaba la causa a juicio le dio la razón a la fiscalía y envió la causa a juicio oral por homicidio en grado de tentativa, como le indicaron.

Ahora, a 10 días, comunicaron que el juicio comenzará el 25 de junio.

A las irregularidades contadas, se les agregan ahora las que “justifica” la situación provocada por la pandemia, que incluyen de un día para otro suspender y de un día para otro iniciar el juicio, sin consideración alguna con las lesiones a la defensa que ello pueda implicar; además, no se ha explicado cómo se realizaran las declaraciones testimoniales, ni ninguna otra circunstancia o incidencia de las audiencias.

El juicio penal vía teleconferencias viene siendo cuestionado en distintos lugares del mundo desde la teoría jurídica y las garantías procesales, pero también desde las pésimas experiencias ya vividas.

Pero, además, la audiencia ha sido convocada en el mismo lugar (un cuartel policial) y con las mismas características que aquella donde se decidió la elevación a juicio. Y la Gremial, que estuvo presente, puede asegurar que ese mamarracho ni siquiera merece ser llamado teleconferencia.

El poder judicial del Paraguay y su ministerio público fiscal, como toda la clase que gobierna ese país, hacen lo que quieren y cómo quieren. Tampoco se toman demasiado trabajo en ocultar o justificar sus tropelías.

Recordando aquel diálogo de “Alicia a través del espejo”: cuando en el Paraguay se dice “justicia”, la cuestión no está en saber qué significa; la cuestión está en saber quién manda.

No nos desalientan, entonces, las circunstancias particularmente complicadas de la epidemia y de la cuarentena, como tampoco nos desalienta la disparidad de fuerzas o la sensación de impotencia: la Gremial hará todo lo que esté a su alcance para denunciar públicamente estas infamias y llevará, jurídicamente, esa denuncia donde sea necesario.

Convocamos a todos y todas las militantes, a las organizaciones populares y a los referentes antirrepresivos, de derechos humanos, de la política, de la cultura, a repudiar y a elevar nuestro repudio; no para que nos escuchen los represores (siempre sordos a los reclamos populares), pero al menos para que, aun en las cárceles del Paraguay, nos puedan escuchar Carmen, Alcides y Aldo.

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